Medio: Excélsior
Periodista: Cecilia Soto
La diferencia cualitativa con respecto a 2019 es que ahora no hay incertidumbre con respecto a la política económica del gobierno federal. Después de la discusión y aprobación del Presupuesto, de la firma de un Programa de Infraestructura de escaparate, de la desaparición de fondos como el Minero y el Metropolitano, y varios otros que hacían llegar más recursos a las entidades, de la negativa a convocar a una nueva Convención Hacendaria y a una imprescindible reforma fiscal, al tiempo que aumentan las medidas a favor de la centralización, la certeza es que la economía continuará estancada, si bien nos va.
El “beneficio de la duda” paraliza. La certeza moviliza. Y algunas entidades federativas se han puesto las pilas para fortalecer las finanzas locales e impulsar un mayor crecimiento económico. Lo interesante es que, en este ejercicio, las entidades han seguido dos modelos contrastantes. El dinosaúrico, por todos conocido y experimentado durante décadas, y el de ensayos hacia una democracia deliberante.
El primer modelo, el dinosáurico, es el seguido por el gobernador fugaz, Jaime Bonilla. Este mandatario quiere aprovechar los dos añitos en los que gobernará e inició su gobierno con nuevos impuestos y alzas a otros ya existentes. Impuestos a combustibles: del 5% al gas licuado y de 2.5% a la gasolina. Y para el cobro de este impuesto, se le otorgó autorización a Bonilla para que negocie un convenio con Pemex para que incluya —y repase a la entidad— estos impuestos cuando Pemex surta a las empresas. Aumento del impuesto al hospedaje del 3% al 5% y homologado para las plataformas digitales como Airbnb y de 7% a los moteles (¿qué tiene el gobernador contra el amor?). Un impuesto interesante a las ventas de las casas de empeño y un aumento del 100 al impuesto de nómina del 0.6% al 1.2 por ciento.
Consultar nota en:
