Periodista: Rosalba Amezcua
Medio: Capital de México
Frente al alza en el robo de teléfonos celulares, las casas de empeño redoblan sus medidas de seguridad a escala nacional, a fin de evitar que los delincuentes intenten colocar tales artículos en estos establecimientos.
Roberto Alor, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE) informó que hay por lo menos, 10 mil establecimientos formales y poco más de dos mil informales, por ello en los legalmente establecidos se consulta la base de datos del Sistema Internacional de Identidad de Telefonía Celular (IMEl, por sus siglas en inglés).
“Buscamos que el cliente nos acredite que es legítimamente el propietario, al igual que los bancos, identificamos al cliente con los mecanismos que hay en el mercado, que es su identificación oficial; le tomamos una huella digital, estamos viendo ya si vamos a incorporar también el reconocimiento facial”.
Señaló que también piden un comprobante de domicilio, pues son medidas disuasorias que difícilmente un delincuente las cumpliría, porque se expondría demasiado.
El también director general de Prendamex explicó que se tiene una amplia colaboración con las autoridades de justicia de todo el país, a quienes se les reportan las operaciones inusuales.
“En este sentido, la asociación a la que pertenece Prendamex ha buscado que no lleguen a estas casas objetos que puedan ser de procedencia dudosa y así hemos venido aplicando una serie de convenios con las procuradurías, para estar informándoles cada mes todas las operaciones que se realizan”.
“Nuestras bases de datos están a disposición de las autoridades para que hagan su trabajo”, mencionó.
Al ser susceptibles las Casas de Empeño, Roberto Alor indicó que cada día se blindan de la mejor manera, en coordinación con las autoridades, para evitar ser parte de esta cadena de hechos ilícitos y no aceptar por ningún motivo celulares robados.
Con la intención de frenar el incremento de robo de teléfonos celulares, Edmundo Garrido, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), propuso regular el mercado de móviles usados mediante la emisión de una Norma Oficial Mexicana.
Dijo que es necesario firmar acuerdos de cooperación con las compañías proveedoras de los equipos, que permitan facilitar la investigación del ilícito.
Consideró que es necesaria una Norma Oficial Mexicana y la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se cerciore de la procedencia de los aparatos, para que quienes los expenden, emitan comprobantes o facturas.
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