Periodista: Luis Alberto Medina
Medio: Portal El Imparcial
Irene Manzo salió de la cárcel. Más de un año en prisión. Todo por una interpretación legal incorrecta de un juez en Sonora que, de un caso mercantil, de una supuesta deuda, la convirtió en un asunto penal y la castigaron. Desde el 25 de julio del 2017 se le había concedido un amparo federal 510/2017. Pero de forma lastimosa e indolente, como lo escribió Enrique Zavala en Proyecto Puente, continuó presa. La ex candidata a diputada federal por el PRD, partido que la dejó prácticamente sola, debió haber salido en las siguientes 72 horas, según el análisis que hizo Zavala del caso el 11 de diciembre, pero no fue así. Estuvo nueve meses más en prisión.
A Irene Manzo se le detuvo el 3 de febrero del 2017 por el presunto delito de robo con violencia. Fue el Juzgado Primero de lo Penal quien ordenó su aprehensión. Pero la razón de su arresto fue por no pagar una supuesta deuda generada por empeñar la pantalla comercial de publicidad de la entrada Norte de Cajeme. Tampoco comprobado. De una acusación mercantil, un pleito entre particulares, se pasó a lo penal y quedó presa trece meses. Julio Cibrian la acusó de robo con violencia. Pero la historia fue que él tumbó la chapa de la oficina de la pantalla comercial y puso un candado. Apagó la pantalla. Ella lo quitó y la volvió a aprender para no quedarle mal a sus clientes. Él la acusó de robo con violencia. Y le compraron los jueces y el Ministerio Público su versión para meterla a la cárcel. No la dejaban en libertad porque, según el juez, impediría la investigación y era una persona de riesgo para la comunidad. Criterios absurdos para procesar y castigar.
Con Kasandra Gil, fue lo mismo: La encarcelaron por no saber que un play station que registraba en la casa de empeño en la que trabajaba era robado. La joven de 22 años, madre soltera, quedó ya en plena libertad: El juez retiró todos los cargos y el Ministerio Público no presentó más pruebas. Un caso que desnudó el comportamiento despótico a la hora de impartir justicia en Sonora, la cerrazón de los ministerios públicos y la miopía del juez que la consideraba también un peligro para la sociedad.
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