Periodista: Arturo R Pansza
Medio: La Prensa
Fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de gasolinas, para prevenir abusos en contra de conductores, exigieron legisladores federales a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Diputados y senadores integrantes de la Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas) de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de un punto de acuerdo, solicitaron además a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionar cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia en el sector.
Por parte de los representantes populares se fundamentó que a partir del 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo federal estableció la regulación sobre precios máximos de la gasolina y diesel, con la consideración de las diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público, así como la inflación esperada.
Resulta que en el presente año los precios serían determinados por el mercado y por la decisión de los empresarios gasolineros.
Estos últimos fijarán los precios en función de variables como el tipo de cambio, los costos asociados al transporte, al almacenamiento y la distribución, de forma que fuese posible cubrir el costo para que el producto se mueva y llegue a las estaciones de comercialización y al público en general.
Dentro del documento se indica que, con este proceso de determinación de los precios, es posible presenciar actos de competencia desleal por parte de los competidores, con afán de lucro, lo que genera distorsiones en el mercado.
En otro orden, diputados y senadores también exhortaron a la Profeco a realizar o continuar campañas de verificación e inspección en las casas de empeño del país, y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes, a fin de prevenir posibles prácticas de abusos y engaños a la población, ante el incremento en la demanda de crédito en el mes de enero.
Urgieron a la dependencia a contrarrestar los abusos de las casas de empeño, porque, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen en el país más de ocho mil instituciones y la Profeco solo tiene registradas 6 mil 861.
Pidieron a la Profeco, fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los insumos para la reconstrucción en las entidades que resultaron severamente afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y que la Cofece sancione cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia en el sector.
Requirieron además, a las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en otro asunto, la concentración y publicación de los padrones de damnificados, a fin de brindar certidumbre jurídica, y puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración a sus derechos.
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