Medio: Noticias de Chiapas
Periodista: Lilia Arellano
Son muchos, demasiados, los vacíos legales y estos espacios son aprovechados por empresarios, pero, lo que es peor, por las autoridades. De moda pusieron las cajas de seguridad, con la certeza de haber llevado a su fin a estos negocios con lo cual dejan sin sitios seguros a quienes tienen pertenencias anheladas por la delincuencia. Se reclama en el presente queden debidamente reguladas, aunque con ello siga siendo cuesta arriba recuperen el mismo grado de confianza con el cual contaban antes del asalto de la SEIDO a las ubicadas en Cancún, Quintana Roo.
En igual o mucho peor irregularidad se encuentran las casas de empeño en donde la usura es la constante sin que exista una sola autoridad capaz de frenar estos abusos. Ni que decir de las casas de cambio. Las que operan en el Aeropuerto de Cancún, venden el billete verde en 26 pesos y lo compran en 14, abusando tanto de nacionales como de extranjeros y tampoco hay un margen establecido para la ganancia que deben obtener en las operaciones de compra-venta de divisas.
La conferencia ofrecida por el encargado del despacho en PGR, trajo consigo certezas difíciles de aceptar. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho en PGR es, innegablemente, un hombre valiente. Es también un joven funcionario rumbo a la perfección de la mentira y el engaño. A su corta edad tanto física como profesional, se ha convertido en todo un profesional de la manipulación informativa y de la complicidad. Pueden considerarse muy severos estos adjetivos, sin embargo, ninguno de ellos causa tanto daño como el generado la noche del miércoles cuando, en conferencia de prensa, derrumbó la poca confianza existente en las autoridades, hizo añicos cualquier esperanza de hacer llegar a la ciudadanía una correcta aplicación de la justicia, terminó por sepultar los renglones aceptados dentro de un nuevo sistema penal cuya base sustentaron en el antiquísimo principio del derecho: la presunción de inocencia.
Desmenuzando las expresiones y aseveraciones lanzadas esa noche, el análisis lleva al apunte referido. Cuando el propio Miguel Ángel Osorio Chong, ese mismo día por la mañana, habló sobre la policía federal de élite con la cual se cuenta, el responsable en PGR dio por un hecho, sin más ni más, que el 50 por ciento de las cajas de seguridad, las no reclamadas, han sido utilizadas por la delincuencia organizada. ¿Existe realmente una investigación lo suficientemente seria para hacer esa afirmación? Como publicó un medio de circulación en la capital del país, sostuvo habían encontrado millones de dólares, armas y fueron utilizadas como depósito de insumos, producto de la delincuencia y como almacén de datos, de información para cometer más ilícitos. Esto además de las famosas tarjetas de plástico para clonar. Al cuestionamiento para ampliar esta declaración, don Alberto se refugió en los renglones en donde se prohíbe informar sobre las carpetas de información porque puede generarse impunidad.
Para el expediente que dicen haber formado, no hay cabida para quienes viven en el extranjero y tienen en resguardo bienes a utilizar en sus vacaciones o los ciudadanos temerosos de las arbitrariedades suficientemente conocidas cometidas por este tipo de autoridades. La generalización fue el sello. Sorpresivo fue escuchar negara el desacato cometido y señalara la presencia de solamente un actuario con la intención de hacer una revisión sin contar con el ordenamiento cuando tuvo una difusión nacional la presencia de tres actuarios, de los abogados y quedó grabada la presentación de la orden y la forma en la cual les fue negada la entrada. Sostuvo ya se había dialogado con el Poder Judicial para acordar fechas y hora en la cual se podrían hacer las inspecciones, lo cual incrementa la incertidumbre sobre la decisión del juez de llevar a cabo la siguiente hasta el 18 de diciembre cuando, a decir de los abogados, es probable ya se den por entregadas las cajas sobre las que se motivó la petición.
Sobre lo expresado por Elías Beltrán hubo un rotundo desmentido del vocero de los usuarios y de los abogados representantes de quienes decidieron seguir el camino del amparo. Desafortunada fue la exposición negando se les solicitara a los arrendatarios de las cajas desistirse del amparo y de cualquier queja en contra de funcionarios de la PGR. Estos hechos se comprueban con declaraciones filmadas de quienes fueron exhortados a cancelar sus derechos con la consigna de que de negarse, no les serían entregadas sus pertenencias. Estas presiones fueron vertidas, inclusive, hacia un abogado cuya tarea es nada menos que dar fe pública. Como fue informado en su oportunidad por este medio, la entrada estuvo restringida para los directamente afectados, a quienes sin duda debió dirigirse el ofrecimiento de disculpas y no esa petición con la cual se demuestra el alejamiento del funcionario sobre el significado de las palabras y, si en esas confusiones basan sus determinaciones, jodidos estamos.
En fin, quién sabe de cuál o cuáles carteles era el supuesto almacenamiento. Tampoco se conoce si realmente la tal Doña Lety resultó la capo de capos o si nos van a salir con las mafias rusas, las cubanas, cuando han sido incapaces de atacar a las de colombianos extorsionadores o de parar por lo menos durante 24 horas las ejecuciones en este y en otros estados de la República. La presentación reafirmó la decisión de los afectados de las cajas de seguridad para llevar al terreno judicial, al de la legalidad, sus denuncias por las violaciones y despojos de sus derechos, incluyendo las afectaciones por la divulgación de nombres y los daños morales y económicos causados. El fin de la historia aún no llega.
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