Periodista: Santiago Igartua
Medio: Portal Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, aseguró este miércoles que polémicas como la discusión sobre actos anticipados de precampaña y el incumplimiento de ciertas normas electorales llegan a ser secundarias, superficiales o inclusive triviales frente a la verdadera amenaza que representan la corrupción y el financiamiento ilegal de las campañas políticas.
“Los partidos, los candidatos y los políticos están recurriendo cada vez más al fondeo ilegal de campañas”, dijo durante el segundo día del Seminario Internacional Política y Dinero: Democracia vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el que expertos de distintas ramas señalaron a ésta como la principal amenaza del proceso electoral de 2018.
Ugalde enumeró las principales fuentes de financiamiento ilegal de campañas políticas: el desvío de recursos públicos, el financiamiento ilegal de particulares y el crimen organizado.
Desde ese esquema estructural y sistémico, renovado en cada periodo de precampañas, se gesta el grueso de los actos de corrupción que terminan por cerrarse en cada administración federal.
Explicó: “La corrupción gubernamental es exclusiva de las campañas, pero ahí se originan gran parte de las complicidades, los compromisos y los pagos que una vez en el gobierno tienen que realizar. No hay manera que un gobernador, un presidente o un alcalde cumpla con el Sistema Estatal o Nacional Anticorrupción si tiene que pagar las deudas que adquirió durante su campaña”.
Algunos gobiernos también lo hacen a través de casas de empeño u otro tipo de empresas públicas. Es la forma que hay por el lado del ingreso, una tarea amplia que hacer”. Sobre las facturas apócrifas, dijo: “Esto se ha empezado a documentar; pero es básicamente la idea de que un gobierno para poder hacer líquido una partida presupuestaria necesita pagarle a alguien y eso es una empresa fantasma a la que le pagas un servicio que nunca se provee o que se provee de manera simulada y tú le pagas a la empresa cobra esa transferencia, la hace líquida y te la devuelve o se la da al partido político.
“Entonces, yo gobierno le pago a quien que me va dar un servicio de pizzas, le pago un millón de pesos, esas pizzas nos las comemos si nadie se dio cuenta que nos las comimos y ese millón de pesos ella se lo da a un tercero que es el partido político y se cumple la operación. Cuando la Auditoría Superior de la Federación llega año y medio después, le decimos ya nos comimos las pizzas, punto final”, explicó.
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