Medio: Luces del Siglo QROO
Periodista: Agustín Ambriz
CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- Hace 22 años fue reconocido en la legislación estatal el derecho de las comunidades mayas de Quintana Roo para aplicar sus usos y costumbres en la resolución de las controversias internas generadas entre sus habitantes.
Desde entonces, las 17 comunidades mayas del estado cuentan, cada una, con su propio juez tradicional para resolver los diferentes conflictos de violencia familiar, pleitos vecinales y robos de dinero, televisores y hasta ganado.
Estos jueces, junto con un magistrado, forman parte de la estructura del Poder Judicial del Estado y han sido parte de los avances legislativos para la construcción del Sistema de Justicia Indígena.
Además, representan un filtro importante para evitar que centenares de faltas administrativas escalen a las cuentas de juzgados civiles y penales estatales, permanentemente agobiados por la carga de trabajo.
Dentro de Tribunal Superior de Justicia del estado tienen las mismas obligaciones de trabajo que los otros órganos de la justicia estatal, sin embargo, hay gran diferencia en las percepciones económicas, ya que los jueces tradicionales apenas ganan la cuarta parte que lo que obtienen los otros jueces y magistrados del sistema estatal.
Aun con esas diferencias, los jueces mayas se sienten satisfechos de haber contribuido en los avances en la legislación estatal para conformar el Sistema de Justicia Indígena, con la promulgación de la Ley de Justicia Indígena.
También con la traducción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a la lengua maya.
La Guerra de Castas
La Ley de Justicia Indígena es fruto de la Guerra de Castas de 1847, reclama el mérito el juez tradicional Pedro Ek Cituk, para cerrar el paso a aquellos gobernantes y políticos empeñados en colgarse como medallas los triunfos de las comunidades indígenas.
“Esta es una tradición antigua, no es nada nuevo, es el fruto de la Guerra de Castas de 1847; antes era muy difícil hacer justicia porque era a base de azotes, era pegar a las personas, pero nosotros quisimos que eso ya no siguiera.
“Nosotros llegamos a acuerdos con el gobierno, por eso ahora tenemos esta ley indígena; hablamos con el Congreso, (los diputados) nos ayudaron y autorizaron seguir con nuestra tradición, con nuestra ley de justicia indígena. Es de nosotros esa ley”, aclara.
Con 21 años de resolver controversias de justicia cotidiana en la comunidad de Tixcacal Guardia, el juez Pedro afirma que el sistema de justicia tradicional es eficaz y eficiente.
Es parte de una forma de vida nutrida con la religión, los valores y los principios fundamentales de mantener siempre la paz entre los habitantes.
Antes de juzgar en cualquier conflicto, cuenta, se coloca frente al altar del templo para pedir sabiduría a sus dioses y encontrar el mejor arreglo entre las partes de ese conflicto.
“Si alguien viene a poner una demanda yo no resuelvo porque esté la Ley de Justicia Indígena; primero tengo que pedir a Dios qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, Él nos va a dar la fortaleza y los medios para resolver los asuntos, para mantener la tranquilidad y felicidad en nuestro pueblo”.
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