Periodista: Redacción
Medio: Diario de Coahuila (sitio)
Desde su creación, las casas de empeño o montepíos han sido las mejores protectoras de los ladrones al «comprarles” todo lo que roban, por no exigir factura del o los objetos.
El día que las autoridades les hagan saber de los cargos o delitos que cometen al comprar objetos robados, pero sobre todo que actúen penalmente contra los propietarios de las casas de empeño que lo hagan, se reducirán de manera sensible los robos, principalmente a viviendas.
Valga la comparación si no hay compradores de las mercancías hurtadas, consecuentemente no tiene caso robar, esto es justo como cualquier negocio comercial, aunque el latrocinio es un delito.
Sin embargo, se desconoce y extraña que las autoridades judiciales no empiezan a combatir los robos a casas en donde saben perfectamente que está el lado flaco, o sea la existencia de montepíos o casas de empeño que compran lo ilícito.
Tan están conscientes las autoridades de que ese es el punto flaco que deben y tienen que combatir severamente, lo demuestra el hecho de que en cuanto los agentes policiacos investigadores desean recuperar objetos robados, de inmediato acuden a los montepíos o casas de empeño donde les entregan los artículos sin mayor condición de «te los regreso, pero a mí no me hagas nada, compré de buena ve”. Esa es la cantaleta con la que se protegen los propietarios de esos negocios.
Viene lo anterior por las noticias difundidas últimamente, en el sentido de que la Fiscalía General del Estado reestructura el convenio con esos negocios para que no compren artículos sin factura.
Norberto Ontiveros, fiscal ministerial, declaró a la prensa que el convenio se firma con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, con el pretexto de reforzar las medidas de seguridad, para impedir adquirir y revender productos de procedencia robada.
Sentenció el funcionario que en caso de sorprender a algunos de esos negocios comprar sin factura, ni identidad de quien empeña o pignore objetos robados, serán acusados y procesados por encubridores.
De siempre se ha sabido que todo aquel que compre objetos sin factura comete un delito y, consecuentemente, debe y tiene que ser procesado.
La interrogación al suscribirse este convenio es el hecho de por qué se tiene que estipular en un convenio el delito que se comete si ya está bien definido en el Código Penal, y claramente establecido cuál es la situación ilícita de quien compra mercancía sin factura.
Los dueños de montepíos y casas de empeño han sido por años protegidos de una u otra manera por las mismas autoridades, cuando lo más correcto es advertirle que sus compras sin comprobantes son un delito y, por consecuencia, eso es motivo de inmediato para detenerlos y someterlos al respectivo proceso penal.
¿Será ese convenio una de las muchas formas para protegerlos? Esa es la interrogación que ha quedado, por lo que prevalece la conocida frase de «no hagas cosas buenas que parezcan malas”.
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